En agosto de 2022 fue reformada la LFE (LEY de FIRMA ELECTRÓNICA), la reforma faculta a las entidades públicas para que puedan convertirse en certificadores de firma electrónica.
Es importante aclarar que le LFE todavía no llega a la Ley del Registro Notarial, los abogados y notarios se encuentran a la espera de una resolución de la Corte Suprema de Justicia que pudiera igualar el estatus de la firma electrónica al de la firma autografiada en la celebración de contratos públicos.